Las multas por spam ya son una realidad: 5.000 euros por llamadas sin consentimiento
**Las multas por spam ya son una realidad: 5.000 euros por llamadas sin consentimiento**
La Ley General de Telecomunicaciones, con su última actualización en 2022, incluyó una novedad clave para este problema tan actual: prohibir las llamadas comerciales destinadas a particulares sin el consentimiento previo de dicha persona. Sin embargo, esto mismo no entró en vigor hasta el 29 de junio de 2023, es decir, un año después.
El artículo 176 de la ley establece que cualquier empresa o proveedor de servicios que realice llamadas comerciales a particulares sin su consentimiento previo será sancionada con una multa de 5.000 euros. Además, se podrán exigir indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las víctimas.
La entrada en vigor de esta normativa ha generado un gran revuelo entre consumidores y asociaciones de defensa del consumidor, que han celebrado la medida como un avance importante para proteger sus derechos. Organizaciones como Quejate Hoy ya están recibiendo un número creciente de denuncias relacionadas con este tipo de llamadas no solicitadas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha insistido en que las empresas deben implementar medidas para garantizar el consentimiento explícito de los usuarios antes de realizar cualquier llamada comercial. Asimismo, se espera que la AEPD intensifique sus inspecciones y sanciones a aquellas empresas que incumplan esta nueva legislación.
El objetivo principal de esta medida es reducir significativamente la cantidad de llamadas no deseadas que reciben los ciudadanos, mejorando así su calidad de vida y protegiendo su privacidad. Se estima que el impacto de esta ley será palpable en los próximos meses, con una disminución notable del spam telefónico.
https://www.adslzone.net/noticias/internet/multas-spam-realidad-5000-euros-sin-consentimiento/
#noticia, #España, #actualidad
**Las multas por spam ya son una realidad: 5.000 euros por llamadas sin consentimiento**
La Ley General de Telecomunicaciones, con su última actualización en 2022, incluyó una novedad clave para este problema tan actual: prohibir las llamadas comerciales destinadas a particulares sin el consentimiento previo de dicha persona. Sin embargo, esto mismo no entró en vigor hasta el 29 de junio de 2023, es decir, un año después.
El artículo 176 de la ley establece que cualquier empresa o proveedor de servicios que realice llamadas comerciales a particulares sin su consentimiento previo será sancionada con una multa de 5.000 euros. Además, se podrán exigir indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las víctimas.
La entrada en vigor de esta normativa ha generado un gran revuelo entre consumidores y asociaciones de defensa del consumidor, que han celebrado la medida como un avance importante para proteger sus derechos. Organizaciones como Quejate Hoy ya están recibiendo un número creciente de denuncias relacionadas con este tipo de llamadas no solicitadas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha insistido en que las empresas deben implementar medidas para garantizar el consentimiento explícito de los usuarios antes de realizar cualquier llamada comercial. Asimismo, se espera que la AEPD intensifique sus inspecciones y sanciones a aquellas empresas que incumplan esta nueva legislación.
El objetivo principal de esta medida es reducir significativamente la cantidad de llamadas no deseadas que reciben los ciudadanos, mejorando así su calidad de vida y protegiendo su privacidad. Se estima que el impacto de esta ley será palpable en los próximos meses, con una disminución notable del spam telefónico.
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Las multas por spam ya son una realidad: 5.000 euros por llamadas sin consentimiento
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La Ley General de Telecomunicaciones, con su última actualización en 2022, incluyó una novedad clave para este problema tan actual: prohibir las llamadas comerciales destinadas a particulares sin el consentimiento previo de dicha persona. Sin embargo, esto mismo no entró en vigor hasta el 29 de junio de 2023, es decir, un año después.
El artículo 176 de la ley establece que cualquier empresa o proveedor de servicios que realice llamadas comerciales a particulares sin su consentimiento previo será sancionada con una multa de 5.000 euros. Además, se podrán exigir indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las víctimas.
La entrada en vigor de esta normativa ha generado un gran revuelo entre consumidores y asociaciones de defensa del consumidor, que han celebrado la medida como un avance importante para proteger sus derechos. Organizaciones como Quejate Hoy ya están recibiendo un número creciente de denuncias relacionadas con este tipo de llamadas no solicitadas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha insistido en que las empresas deben implementar medidas para garantizar el consentimiento explícito de los usuarios antes de realizar cualquier llamada comercial. Asimismo, se espera que la AEPD intensifique sus inspecciones y sanciones a aquellas empresas que incumplan esta nueva legislación.
El objetivo principal de esta medida es reducir significativamente la cantidad de llamadas no deseadas que reciben los ciudadanos, mejorando así su calidad de vida y protegiendo su privacidad. Se estima que el impacto de esta ley será palpable en los próximos meses, con una disminución notable del spam telefónico.
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